La prohibición del móvil en la escuela, qué se ha medido
Francia legisló en 2018 y varios países siguieron. Las evaluaciones disponibles son pocas, antiguas, y sus resultados divergen.
El marco francés
La ley de 2018 prohíbe el uso del teléfono móvil en las escuelas y los institutos de secundaria inferior, con excepciones previstas en particular para usos pedagógicos y para determinados alumnos. El texto, promulgado el 3 de agosto de 2018, sustituyó una disposición anterior que ya prohibía el uso del teléfono durante las actividades lectivas.
Los centros de bachillerato se rigen por un régimen distinto, en el que la prohibición puede inscribirse en el reglamento interno sin venir impuesta por la ley. Esa distinción falta a menudo en las crónicas.
El estudio más citado
Louis-Philippe Beland y Richard Murphy publicaron en 2015 un análisis sobre centros británicos que introdujeron una prohibición en fechas distintas, lo que permite una comparación en el tiempo. El escalonamiento de las fechas de adopción hace las veces de cuasiexperimento: cada centro se compara consigo mismo antes y después, y con los que aún no habían cambiado de norma.
Sus resultados informan de una mejora en los exámenes, concentrada en los alumnos más débiles. El efecto medido sobre el conjunto es modesto, y el mecanismo propuesto es la reducción de las distracciones.
Los límites de ese estudio
Los centros que prohíben no se sortean: los que adoptan una norma más estricta pueden adoptar otras al mismo tiempo, cosa que los propios autores discuten.
El periodo estudiado es anterior a la generalización de los teléfonos con acceso permanente a las redes sociales, lo que limita el traslado de esos resultados a la situación actual. Es anterior también a la difusión de los usos que hoy alimentan el debate, mensajería, vídeos cortos, notificaciones permanentes, cuyo efecto sobre la atención no mide este estudio.
Qué encuentran otros trabajos
Estudios noruegos y españoles han producido resultados variables, algunos encontrando efectos sobre los resultados o sobre las denuncias de acoso, otros no.
Esas divergencias no significan que los resultados se anulen. Reflejan normas más o menos estrictas y más o menos aplicadas, contextos escolares distintos e indicadores que no miden lo mismo, lo que hace poco elocuente cualquier promedio.
Una revisión publicada por la Unesco en 2023 concluye que hacen falta más evaluaciones y subraya que la mayoría de las políticas se adoptaron sin dispositivo de seguimiento.
Los objetivos perseguidos
El debate mezcla objetivos distintos: atención en clase, reducción del acoso, seguridad, igualdad entre alumnos y sociabilidad durante los recreos. Una misma norma no los sirve en el mismo grado. También puede perjudicar a algunos, por ejemplo cuando el teléfono sirve para contactar con la familia o para compensar una discapacidad, situaciones que los textos tratan como excepciones.
El objetivo elegido determina qué hay que medir, lo que explica parte de las divergencias entre trabajos: los resultados escolares y las denuncias de acoso no reaccionan necesariamente en el mismo sentido.
Para recordar
La ley francesa de 2018 afecta a escuelas y secundaria inferior, con un régimen distinto para el bachillerato.
El estudio británico de 2015 encuentra un efecto concentrado en los alumnos más débiles, en un periodo anterior a las redes sociales móviles.
La mayoría de las políticas adoptadas desde entonces carecen de dispositivo de evaluación asociado.
Este artículo describe mecanismos y desacuerdos documentados. No recomienda ninguna posición, ningún partido y ningún voto, y no compromete otra lectura que la de los trabajos que cita.
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