La notificación, dos circuitos que se confunden
Una información preocupante y una notificación al fiscal no van al mismo sitio ni tienen los mismos efectos. La confusión produce cifras inutilizables.
Dos vías distintas
La información preocupante se dirige a la unidad departamental de recogida, que pertenece a la protección administrativa. Desencadena una evaluación por profesionales y puede llevar a medidas aceptadas por la familia.
La notificación se dirige al fiscal de la República y pertenece a la protección judicial. Se reserva a situaciones de peligro grave o cuando la evaluación administrativa es imposible o ha fracasado. Puede llevar a que se someta el caso al juez de menores, que tiene la facultad de ordenar medidas sin el acuerdo de los padres, lo que distingue claramente los dos circuitos.
La subsidiariedad judicial
La ley de 2007 estableció el principio de intervención judicial subsidiaria: el departamento interviene primero, el juez después. La ley de 2016 precisó los criterios y creó nuevas herramientas de evaluación. Estos dos textos, fechados el 5 de marzo de 2007 y el 14 de marzo de 2016, figuran entre las principales reformas de la protección de la infancia.
Ese principio se discute con regularidad. Sus partidarios ven en él una protección frente a una judicialización excesiva; sus críticos, un factor de retraso cuando la evaluación administrativa se demora.
Por qué las cifras son difíciles de leer
Un aumento del número de informaciones preocupantes puede traducir un aumento de las situaciones, una mejora de la detección o un cambio de las instrucciones dadas a los profesionales. Las tres causas producen la misma curva.
Los perímetros también varían entre departamentos, lo que limita las comparaciones territoriales. Los informes públicos señalan con regularidad esa heterogeneidad como obstáculo para la gestión.
A ello se añade la cuestión de los duplicados: una misma situación puede ser objeto de varias informaciones procedentes de profesionales distintos, y la forma de contarlas varía. Una estadística en número de informaciones y una estadística en número de niños afectados no describen lo mismo.
La obligación de notificar
El derecho francés distingue la obligación general de auxilio de las obligaciones propias de ciertas profesiones. El secreto profesional no prohíbe la notificación en los casos previstos por la ley, punto a menudo mal conocido por los propios profesionales. El Código Penal prevé así que el secreto no se aplica a quien informa a las autoridades de privaciones o malos tratos infligidos a un menor.
Las encuestas a médicos encuentran una reticencia documentada, motivada por el temor a equivocarse y por la incertidumbre sobre las consecuencias. Las campañas de formación apuntan sobre todo a esa incertidumbre.
Qué produce la evaluación
Una parte importante de las informaciones preocupantes no conduce a ninguna medida, cosa esperable en un dispositivo de detección: un umbral bajo produce mecánicamente situaciones no confirmadas. La tasa de confirmación no mide, pues, por sí sola, la pertinencia de las transmisiones.
El debate versa sobre el punto de equilibrio. Un umbral demasiado alto pierde situaciones; uno demasiado bajo moviliza medios y expone a familias a una evaluación intrusiva. Ningún ajuste suprime uno de los dos tipos de error.
Para recordar
La información preocupante corresponde al departamento; la notificación, al fiscal.
Un aumento de las informaciones puede traducir una mejor detección tanto como un aumento de las situaciones.
Un umbral de detección bajo produce necesariamente situaciones no confirmadas; el debate versa sobre el equilibrio entre dos errores.
Este artículo describe mecanismos y desacuerdos documentados. No recomienda ninguna posición, ningún partido y ningún voto, y no compromete otra lectura que la de los trabajos que cita.
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