Libertad: tres maneras de definirla, tres políticas diferentes

En la primera concepción, ser libre es no ser impedido. La libertad se mide por el número de puertas abiertas: menos prohibiciones, menos autorizaciones que solicitar, menos injerencia en las elecciones privadas. Isaiah Berlin propuso para esta concepción el nombre de libertad negativa, no porque fuera mala, sino porque se define por una ausencia.

Esta definición tiene una fuerza propia, a menudo subestimada: es verificable. Pueden contarse las obligaciones, los umbrales, los plazos, los trámites. Ofrece un asidero contra la extensión indefinida de las reglas y protege a minorías cuyas formas de vida desagradan a la mayoría.

Tiene también un límite reconocido por sus propios defensores. Una puerta abierta que uno no tiene medios de franquear sigue siendo una puerta abierta: la definición queda satisfecha, la situación de la persona no cambia. De ahí la objeción clásica según la cual esa libertad sería formal para quienes carecen de recursos.

La segunda concepción parte de ese límite. Ser libre es poder hacer efectivamente, lo que supone recursos: instrucción, salud, información, tiempo, movilidad, ingresos. Berlin hablaba aquí de libertad positiva. Desde esta óptica, una política que aumenta las capacidades de una persona aumenta su libertad, incluso cuando pasa por una obligación colectiva.

Ilumina situaciones que la primera describe mal. La libertad de elegir un oficio tiene poco contenido sin acceso a la formación correspondiente; la libertad de expresión, poco alcance sin los medios de hacerse oír. Sus partidarios concluyen que la libertad se construye y no se contenta con ser dejada.

La objeción que se le hace es seria y bien conocida. Si puede aumentarse la libertad de alguien coaccionándolo, entonces la noción corre el riesgo de justificar muchas coacciones en nombre de su bien, hasta decidir en su lugar lo que debería querer. Los defensores de esta concepción responden distinguiendo lo que dota de medios a una persona de lo que sustituye a su juicio.

Una tercera familia, llamada republicana y desarrollada en particular por Philip Pettit, desplaza la cuestión. Lo importante no es solo que no se le impida hoy, sino que nadie posea el poder arbitrario de impedírselo mañana. Un asalariado cuyo empleador puede decidirlo todo sin recurso no es libre, aunque ese empleador se muestre benevolente.

Esta concepción da un lugar central a la forma del poder más que a su volumen. Lo que cuenta es la previsibilidad de la regla, la obligación de motivar una decisión, la existencia de un recurso efectivo, la separación de funciones. Una normativa numerosa pero recurrible puede así juzgarse menos lesiva que una práctica discrecional sin control.

Explica posiciones que de otro modo parecen incoherentes. Puede uno adherirse a ella y encontrar al mismo tiempo el Estado demasiado presente en ciertos ámbitos y demasiado ausente en otros, según dónde se sitúe, a ojos de la persona, el poder arbitrario real: una administración, un empleador, una plataforma, un arrendador, un cónyuge.

El punto más útil de esta comparación no es la definición en sí, es la lista de amenazas que vuelve visibles. La primera ve la amenaza en la regla; la segunda, en la falta de medios; la tercera, en el poder no controlado.

Dos personas sinceramente apegadas a la libertad pueden por tanto oponerse en casi cada medida concreta, sin que ninguna haga trampa, simplemente porque no vigilan lo mismo. Detectar cuál de las tres amenazas preocupa a su interlocutor suele ser más esclarecedor que preguntarle si está a favor o en contra de una medida.

No existe jerarquía evidente entre las tres. Cada una ha sido sostenida por autores exigentes y cada una conduce, llevada sola hasta el final, a situaciones que sus propios partidarios juzgan indeseables.

Por eso un cuestionario serio no pregunta «¿está usted apegado a la libertad?», pregunta a la que casi nadie responde que no, sino que interroga situaciones en las que las tres definiciones se separan: un formalismo protector pero costoso, una ayuda condicionada a un comportamiento, una decisión rápida pero sin recurso.

Interrogada así, la dimensión deja de medir la adhesión a una palabra y pasa a medir una posición. Es también lo que permite a una persona descubrir cuál de las tres libertades defiende realmente cuando las tres no pueden satisfacerse a la vez.