Seguridad y libertad: un arbitraje más que una elección

Una sociedad sin seguridad no permite ejercer las libertades, puesto que el temor restringe los desplazamientos, las expresiones y los proyectos. Una sociedad sin libertades ya no protege a nadie contra quien garantiza la seguridad. Ambos valores se sostienen tanto como se limitan, lo que prohíbe tratar uno como el precio del otro.

Por eso la pregunta útil nunca es cuál de los dos prefiere usted, sino dónde sitúa el punto de equilibrio, en qué tema y con qué garantías. Formulada así, admite respuestas precisas y discutibles.

El vocabulario corriente complica las cosas al asociar cada valor a un bando. Ahora bien, las posiciones reales se distribuyen según los temas: una misma persona puede reclamar más control en un ámbito y menos en otro, sin contradecirse.

La primera es la de la proporcionalidad: ¿es la restricción proporcionada al riesgo y existe un medio menos restrictivo de obtener el mismo resultado? Ese razonamiento está en el centro del control judicial de las medidas de policía en la mayoría de las democracias.

La segunda es la de la reversibilidad: ¿está la medida limitada en el tiempo, con un reexamen previsto, o se instala? Los dispositivos adoptados en periodo excepcional tienen una tendencia documentada a volverse permanentes, lo que da al carácter temporal una importancia particular.

La tercera es la del control: ¿quién comprueba, con qué medios y qué ocurre en caso de abuso? Una misma medida puede ser aceptable bajo control independiente e inaceptable sin él, lo que explica posiciones aparentemente contradictorias sobre un mismo dispositivo.

Las medidas de seguridad presentan una asimetría política conocida: adoptarlas es poco costoso, retirarlas es arriesgado, puesto que todo incidente posterior a la retirada se imputará a quien la decidió. El resultado es un movimiento de sentido único, independiente de la evolución del riesgo.

Esa asimetría es un argumento serio a favor de las cláusulas de reexamen automático: desplazan la carga de la decisión, al obligar a justificar el mantenimiento en lugar de la retirada. Es uno de los pocos mecanismos que corrige un sesgo estructural sin depender de la virtud de quienes deciden.

Una misma persona puede aceptar una restricción fuerte ante un riesgo que juzga grave y probable, y rechazarla ante un riesgo que juzga raro. El arbitraje depende de la estimación del riesgo tanto como del valor concedido a la libertad afectada.

Eso explica combinaciones a menudo calificadas de incoherentes, por ejemplo una gran vigilancia sobre la supervisión de las comunicaciones asociada a una aceptación de los controles en el espacio público. No son dos posiciones opuestas, sino dos estimaciones distintas del riesgo y de la garantía disponible.

Ante una medida nueva, tres preguntas bastan para situar la propia posición: qué ocurre si se usa mal, quién podrá constatarlo y cómo se le pone fin. No dicen si la medida es buena, pero revelan qué se exige para aceptarla.

Es también la mejor manera de discutir con alguien que no comparte su estimación del riesgo: el desacuerdo sobre la cifra es difícil de zanjar, el de las garantías se negocia.