Con quién viven los hijos: lo que dice la ley

El artículo 373-2-9 del Código Civil francés sitúa en el mismo plano la residencia alterna y la residencia con uno de los progenitores. No se establece preferencia alguna de sexo, ni tampoco preferencia ligada a la edad del hijo.

El juez resuelve atendiendo al interés del menor, teniendo en cuenta en particular la práctica seguida anteriormente, los sentimientos expresados por el hijo, la aptitud de cada progenitor y los resultados de los peritajes que en su caso se realicen.

Una confusión frecuente atañe a lo que la residencia conlleva. No modifica la patria potestad, que sigue ejerciéndose en común tras la separación, en aplicación del artículo 373-2. Las decisiones importantes, orientación escolar, salud, mudanza que afecte a los derechos del otro, siguen tomándose entre los dos.

El progenitor con quien el hijo no reside no es, por tanto, un progenitor disminuido en derecho. El mismo artículo le reconoce el derecho a ser informado de las decisiones importantes e impone a cada uno respetar los lazos del hijo con el otro.

Las estadísticas judiciales muestran un reparto muy desigual, fijándose la residencia mayoritariamente con la madre. Esa distancia respecto a la neutralidad del texto se cita con regularidad como prueba de parcialidad de los tribunales.

La lectura exige prudencia. En la gran mayoría de los expedientes, el reparto adoptado resulta de un acuerdo entre los progenitores, que el juez homologa sin arbitrar. Lo que esas cifras miden es, por tanto, ante todo lo que las familias piden, y solo después lo que los jueces deciden.

Los datos disponibles muestran además que la tasa de residencia alterna es netamente más elevada cuando los progenitores están de acuerdo que cuando el juez debe decidir, y que las solicitudes de residencia alterna presentadas por los padres prosperan en una amplia proporción.

El hijo capaz de discernimiento tiene derecho a ser oído, a petición propia o de una parte, y debe ser informado de ese derecho. No se fija edad mínima, apreciándose el discernimiento caso por caso.

Es oído, no decide. El juez recoge su opinión sin quedar vinculado por ella, y esa distinción protege al hijo de una posición insostenible: la de tener que elegir entre sus padres.

Un punto práctico merece señalarse. Las medidas provisionales adoptadas al principio del procedimiento se aplican a menudo durante uno o dos años, instalan una organización cotidiana, y el juez del fondo duda después en deshacer lo que funciona.

Lo que se decide en las primeras semanas tiene, pues, muchas probabilidades de durar, algo que muchos progenitores ignoran en el momento en que aceptan, para evitar un conflicto, un arreglo que creen temporal.