Neutralidad del Estado: ¿abstenerse de juzgar o tratar a todos por igual?
Casi todo el mundo espera que el Estado no favorezca ninguna concepción de la vida buena. El acuerdo se acaba en cuanto hay que decir qué exige concretamente la neutralidad.
Un principio invocado desde todos los frentes
En una sociedad donde coexisten convicciones religiosas, morales y filosóficas diferentes, la idea de que el Estado no debe tomar partido entre ellas está ampliamente compartida. Sin embargo, sirve para justificar posiciones opuestas sobre las mismas cuestiones.
La razón es que la neutralidad puede referirse a tres objetos distintos: las razones que justifican una ley, los efectos de esa ley sobre los distintos grupos, o la apariencia de los agentes y de los espacios públicos. Estas tres exigencias no coinciden, y una misma medida puede satisfacer una y contradecir otra.
La neutralidad de las justificaciones
John Rawls, en Political Liberalism, en 1993, defiende una neutralidad referida al fin y a las razones. El Estado debe justificar sus decisiones con argumentos aceptables para ciudadanos razonables que no comparten la misma doctrina general.
Rawls precisa que esta neutralidad no garantiza efectos iguales. Una ley justificada de forma neutral puede perjudicar más a ciertas prácticas que a otras, y esa desigualdad de efecto no es, según él, una violación del principio.
La neutralidad de los efectos
Otros consideran insuficiente esta respuesta. Una regla general, concebida a partir de las costumbres de la mayoría, pesa sobre todo sobre quienes no las comparten. Para ser realmente neutral, el Estado debería corregir esos efectos mediante ajustes.
Sus contradictores objetan que los ajustes crean regímenes distintos según las convicciones, lo que contradice la igualdad ante la regla común. Para ellos, una regla idéntica para todos es la forma más segura de neutralidad, aunque sus efectos varíen.
Una posición rival: el perfeccionismo
Otra tradición cuestiona el ideal mismo. Joseph Raz, en The Morality of Freedom, en 1986, sostiene que el Estado puede favorecer legítimamente formas de vida valiosas, siempre que preserve un abanico de opciones que haga posible la autonomía.
Sus defensores alegan que ningún Estado es realmente neutral: financiar la cultura o la educación supone ya juicios de valor. Sus críticos responden que reconocer este límite no autoriza a extender esos juicios a lo que pertenece al ámbito de las convicciones personales.
Cómo situarse
La primera pregunta se refiere al objeto: ¿espera usted que el Estado no se apoye en ninguna convicción particular para justificar sus leyes, que compense sus efectos desiguales, o que se mantenga visualmente a distancia de todas?
La segunda se refiere al ámbito. Muchas personas defienden una estricta igualdad de trato en ciertos servicios públicos y ajustes en otros, sin incoherencia, porque lo que está en juego en cada ámbito es distinto: la relación con un usuario no es la que une al Estado con sus agentes.
Una pregunta general sobre la neutralidad recoge así un acuerdo engañoso. Solo las situaciones concretas permiten distinguir las concepciones y constatar que se puede defender el mismo principio llegando a reglas opuestas.
Para recordar
La neutralidad puede referirse a las justificaciones, a los efectos o a la apariencia, tres exigencias distintas.
Corregir los efectos desiguales y aplicar una regla idéntica a todos invocan por igual la igualdad.
El perfeccionismo cuestiona el ideal mismo de neutralidad, en nombre de la autonomía a la que este pretende servir.
Este artículo describe mecanismos y desacuerdos documentados. No recomienda ninguna posición, ningún partido y ningún voto, y no compromete otra lectura que la de los trabajos que cita.
Y usted, ¿dónde se sitúa?
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