Las instituciones como arbitrajes entre valores en competencia

Un escrutinio proporcional restituye con bastante fidelidad la diversidad de las preferencias, al precio de asambleas fragmentadas en las que formar una mayoría exige compromisos largos. Un escrutinio mayoritario produce mayorías nítidas, al precio de una distorsión entre los votos obtenidos y los escaños atribuidos.

Ninguno de los dos es un error técnico que corregir. Deciden de distinto modo un conflicto real entre dos exigencias legítimas, la fidelidad de la representación y la capacidad de decidir. La elección de un sistema electoral es, por tanto, una elección de valores disfrazada de cuestión de procedimiento.

Un detalle cambia mucho: en un sistema proporcional, el compromiso se negocia después del voto, entre partidos; en un sistema mayoritario, se hace antes, dentro de los grandes partidos. El compromiso nunca desaparece, solo cambia de lugar y de visibilidad.

Una segunda cámara, un control de constitucionalidad, plazos de examen, mayorías cualificadas: cada uno de esos mecanismos ralentiza la decisión y vuelve más difícil deshacer lo hecho. Es precisamente su función, que protege a las minorías y la estabilidad del derecho.

El mismo mecanismo se vuelve del revés según la posición en la que uno se encuentra. Protege cuando se está en minoría y bloquea cuando se está en mayoría, lo que explica que los juicios sobre los contrapoderes varíen tan a menudo en las mismas personas a lo largo de las alternancias. No es hipocresía, es la consecuencia previsible de un dispositivo de efectos asimétricos.

Las modalidades de designación de los órganos de control constituyen un arbitraje de pleno derecho. Un nombramiento por las autoridades políticas asegura una legitimidad indirecta pero expone a la sospecha de proximidad; una designación por los pares asegura la independencia pero aleja del sufragio.

Ninguna solución escapa al dilema. Por eso las reformas versan las más de las veces sobre salvaguardas secundarias, como la duración de los mandatos, su no renovación o la obligación de un dictamen público antes del nombramiento.

La duración de los mandatos, su simultaneidad, la posibilidad o no de disolver, deciden el ritmo de la vida política. Unos mandatos alineados favorecen la coherencia de acción; unos mandatos desfasados multiplican las ocasiones de sanción.

En Francia, la alineación del mandato presidencial con el de los diputados redujo la probabilidad de cohabitación y, por tanto, los bloqueos, reduciendo al mismo tiempo las ocasiones de corrección sobre la marcha. Es un arbitraje explícito, presentado a menudo erróneamente como una simplificación técnica.

Para cada regla pueden plantearse tres preguntas neutras: qué conflicto de valores decide esa regla, en qué sentido y quién puede impugnarla si produce un mal resultado. Esas tres preguntas permiten discutir de instituciones sin discutir de las personas que las ocupan.

Muestran además que las preferencias institucionales forman parte de las convicciones políticas, junto a las preferencias sobre el fondo. Dos personas que desean la misma política pueden oponerse sobre la manera en que es legítimo obtenerla, y ese desacuerdo rara vez se mide.