Ecología: un valor, varias maneras de traducirlo en reglas

La norma prohíbe o impone: es clara, inmediatamente controlable, y no se adapta a las situaciones particulares. La señal de precio encarece lo que se quiere reducir: deja a cada cual elegir cómo adaptarse, y pesa más sobre los presupuestos ajustados si nada lo compensa.

La inversión pública financia la infraestructura que vuelve accesible el comportamiento deseado: evita la coacción individual, cuesta caro y lleva tiempo. La cantidad limitada, con cuotas intercambiables, fija un resultado total y deja que el mercado reparta el esfuerzo: garantiza el volumen y vuelve incierto el precio.

Ninguno de esos instrumentos es intrínsecamente superior. Su eficacia depende del comportamiento perseguido, de la existencia de alternativas accesibles y de la capacidad de controlar. Un mismo objetivo puede, por tanto, justificar instrumentos distintos según los sectores.

El primero versa sobre la escala del esfuerzo pedido a las personas en relación con el pedido a las organizaciones y a los Estados. Dos personas igualmente convencidas del objetivo pueden diferir por completo sobre el reparto, sin que una sea menos sincera que la otra.

El segundo versa sobre el papel esperado de la tecnología. Algunos estiman que lo esencial del esfuerzo pasará por soluciones técnicas y, por tanto, por la inversión; otros, que pasará por una reducción de los usos y, por tanto, por la norma o el precio. Ese desacuerdo es en parte un desacuerdo de previsión y, por tanto, arbitrable por los hechos, pero solo a largo plazo.

Un instrumento eficaz pero rechazado no produce ningún efecto, puesto que se abandona o se elude. Por eso la cuestión de la aceptabilidad no es un suplemento político al análisis técnico: forma parte de él.

Los trabajos sobre las medidas de tarificación observan que su aceptación depende mucho del uso anunciado de los ingresos y de la existencia de alternativas disponibles. Una misma medida puede, por tanto, aceptarse o rechazarse según lo que la acompañe, con independencia de su contenido.

Este ámbito tiene una particularidad: el coste es inmediato y el beneficio diferido, a veces en una generación. Eso desplaza el debate hacia una cuestión de preferencia temporal, que no es técnica y que los datos no zanjan.

Es también lo que vuelve frágiles los compromisos a largo plazo: vinculan a quien decide y ya no estará en funciones cuando llegue el resultado. De ahí la importancia de los mecanismos de seguimiento y de revisión, que suelen ser la parte más discutida de un texto.

Preguntar a alguien si le preocupa el medio ambiente produce una respuesta casi unánime y sin información. Las posiciones se separan en preguntas del tipo: ¿prefiere una prohibición clara o un precio que deje la elección, y quién debe soportar el coste de la transición?

Formulada así, la dimensión ecológica deja de ser un test de adhesión a una causa y se convierte en lo que es: un conjunto de preferencias sobre instrumentos de acción pública, comparables a las que versan sobre la salud o la educación.