Medir la carga de trabajo, un problema sin resolver

El Tribunal de Casación ha resuelto en varias ocasiones, a partir de una sentencia de 2011, que los convenios de cómputo anual en días quedan privados de efecto cuando el acuerdo colectivo que los autoriza no prevé un dispositivo efectivo de seguimiento de la carga de trabajo.

Esa jurisprudencia condujo a reescribir numerosos acuerdos sectoriales y de empresa, y después a una inscripción más detallada de esas exigencias en el código del trabajo mediante la ley de 2016. Impone un seguimiento sin definir su contenido, que corresponde a la negociación colectiva.

La carga puede abordarse por el tiempo, lo que contradice la lógica del cómputo; por el volumen de tareas, lo que supone una nomenclatura estable; o por la percepción del asalariado, lo que introduce una variable subjetiva.

Cada uno mide algo distinto, y los dispositivos implantados combinan por lo general los tres sin explicitar el peso de cada uno. Una misma semana puede parecer razonable en horas, pesada en número de expedientes y abrumadora en la percepción de quien la vive.

Los ergónomos distinguen, por otra parte, el trabajo prescrito, lo que se pide, y el trabajo real, lo que efectivamente se hace para responder a ello. La carga nace en gran medida de la distancia entre ambos, que ni las horas ni el recuento de tareas hacen visible.

Los modelos de tensión en el trabajo, en la línea del propuesto por Robert Karasek en 1979, distinguen la demanda, la autonomía y el apoyo, y miden esas dimensiones mediante cuestionarios validados. Describen una relación entre exigencias y recursos más que una cantidad de trabajo.

Ese enfoque es el más empleado en las encuestas nacionales. No proporciona una medida de carga como tal, lo que explica que responda mal a la exigencia jurídica de seguimiento individual. Otros instrumentos, como la escala NASA-TLX publicada en 1988 por investigadores de la agencia espacial estadounidense, miden la carga de una tarea concreta y no se trasladan al seguimiento de un puesto a lo largo del año.

Los trabajos sobre las interrupciones y sobre la dispersión de la atención, como los de Gloria Mark, miden un aspecto que ni el tiempo ni el volumen de tareas captan: la fragmentación de la actividad. Retomar una tarea interrumpida tiene un coste que los recuentos ordinarios ignoran.

Las medidas disponibles se apoyan en la observación directa o en las huellas de uso de software, métodos costosos y aplicables a efectivos pequeños, lo que impide su uso corriente en las empresas. La explotación de esas huellas a gran escala plantea además cuestiones de vigilancia que el derecho regula estrictamente.

Los dispositivos más extendidos se apoyan en una entrevista anual específica y en alertas declarativas. Su eficacia no ha sido objeto de evaluaciones publicadas.

El desfase entre una obligación jurídica precisa y la ausencia de un instrumento validado es una situación frecuente en derecho del trabajo, y traslada a la negociación colectiva un problema que la investigación no ha resuelto.