La edad de escolarización obligatoria, una frontera móvil

El derecho francés habla de instrucción obligatoria, no de escolarización obligatoria: la obligación recae sobre el hecho de instruir al niño, ya sea en un centro o, bajo condiciones, en familia. La distinción es antigua y estructura todo el régimen jurídico.

La rebaja de seis a tres años, en vigor desde el curso 2019, tuvo un efecto estadístico limitado, pues casi todos los niños de tres años ya estaban escolarizados. Su efecto principal se situó en otro lugar, en particular en la financiación de las escuelas infantiles privadas concertadas, que los municipios deben asumir ahora.

Las edades de inicio van de los cuatro años, en particular en Irlanda del Norte, a los siete en varios países nórdicos y de Europa del Este. La mayoría de los países sitúa el umbral en cinco o seis.

Esas diferencias no miden la precocidad de la entrada en los aprendizajes. Los países con umbral tardío suelen contar con una atención preescolar muy frecuentada, gratuita o barata, pero no obligatoria: los niños están allí sin que la ley lo exija.

Una literatura abundante compara los sistemas de entrada temprana y tardía en el aprendizaje formal de la lectura. Las comparaciones internacionales de nivel no muestran una ventaja duradera de los sistemas tempranos en la adolescencia.

Esas comparaciones son frágiles: los países difieren en mucho más que la edad de entrada, y atribuir una diferencia de resultados solo a esa variable es una inferencia que los propios autores desaconsejan.

Otra literatura aprovecha las fechas de nacimiento. Dentro de un mismo país, los niños nacidos justo antes y justo después de la fecha límite de inscripción entran en la escuela con casi un año de diferencia. Estos trabajos encuentran una ventaja de los mayores de la clase, que tiende a atenuarse con los años sin desaparecer siempre.

El régimen francés cambió en 2021: la instrucción en familia, hasta entonces sujeta a declaración, pasó a un régimen de autorización previa concedida por motivos enumerados de forma limitativa.

El Consejo Constitucional validó el dispositivo, y el Consejo de Estado precisó después las condiciones de apreciación de las solicitudes. Los países vecinos presentan regímenes opuestos, de la prohibición casi total en Alemania a una práctica ampliamente abierta en el Reino Unido.

La reforma de 2021 se adoptó en el marco de la ley que refuerza el respeto de los principios de la República, lo que inscribió la cuestión en una discusión más amplia que el ámbito estrictamente educativo. Sus defensores veían en ella un control necesario, y sus opositores, la restricción de una libertad hasta entonces poco regulada.

La existencia de una obligación legal no dice nada de la asistencia real ni de la calidad de la atención. Los instrumentos de seguimiento del absentismo difieren tanto entre países que no se publica ninguna comparación directa.

En cambio, la obligación crea un punto de entrada administrativo: hace visible al niño para los servicios públicos, función que varios trabajos de protección de la infancia consideran su efecto más tangible.