Por qué dos personas de acuerdo en los fines se enfrentan por los medios

Pregunte a una amplia muestra de personas si desean que los niños tengan éxito en la escuela, que los enfermos sean atendidos, que las calles sean seguras, que el país siga siendo próspero. El acuerdo es aplastante, hasta el punto de que la pregunta parece ingenua. Es precisamente lo que la vuelve útil: sitúa el verdadero lugar del conflicto político, que casi nunca es el objetivo declarado.

Esa constatación no implica que los objetivos sean idénticos en todos, ni que tengan el mismo peso. Significa que, enunciados por separado y en términos generales, recogen una adhesión muy amplia. Los desacuerdos aparecen cuando hay que ordenarlos, traducirlos en reglas y, sobre todo, asignarles recursos que faltarán en otra parte.

La consecuencia práctica es inmediata. Cuando un debate se presenta como un desacuerdo sobre los fines, del tipo «usted no quiere realmente proteger a la gente», hay muchas probabilidades de que verse en realidad sobre otra cosa. Hacer visible esa confusión no reconcilia a nadie, pero vuelve posible la conversación, lo que ya es considerable.

El primero es un desacuerdo sobre los hechos. ¿Produce esa medida el efecto esperado y a qué coste? Es en principio arbitrable mediante la observación, aunque los datos sean a menudo parciales, tardíos y discutidos. Es el único de los tres que una información nueva puede zanjar, y por esa razón el más interesante de aislar.

El segundo es un desacuerdo sobre las prioridades. Dos personas pueden dar valor a la seguridad y a la vida privada, al crecimiento y a la preservación del medio, a la igualdad y a la libertad de emprender, sin ordenarlos del mismo modo cuando esos valores chocan. Ningún dato zanja un orden de preferencias: es un arbitraje, no un error de razonamiento, y tratarlo como un error bloquea la discusión.

El tercero es un desacuerdo sobre la autoridad legítima. ¿Debe la regla ser dictada por el Estado, por una entidad local, por una profesión que se autorregula, por un juez o por cada cual para sí mismo? Dos personas que quieren el mismo resultado y lo clasifican en el mismo rango pueden aún oponerse con dureza en este punto, y es el desacuerdo que menos se nombra de los tres.

Tomemos una medida destinada a reducir un riesgo sanitario en un lugar abierto al público. Un primer interlocutor estima que la medida será eficaz; un segundo duda de su eficacia real, a falta de observación concluyente. Su desacuerdo es fáctico, y podrá reducirse si llegan datos.

Un tercero acepta la eficacia de la medida pero estima que la restricción impuesta a las personas pesa más que la ganancia esperada. Su desacuerdo ya no es fáctico, versa sobre la jerarquía de los valores. Ningún estudio lo disolverá, porque no cuestiona los hechos.

Un cuarto acepta la eficacia y la jerarquía, pero discute que la decisión corresponda al nivel nacional y no al titular del lugar. Vista de lejos, esa posición se parece a una oposición a la medida. Vista de cerca, es una posición sobre el poder de decidir, que dejaría muy bien que la misma regla se aplicara si la dictara otra instancia.

Atribuir al otro un desacuerdo sobre los fines es mentalmente más económico que reconstruir su razonamiento. Transforma un problema complicado, «por qué piensa que esa medida fracasará», en un problema simple, «no quiere lo mismo que yo». El debate público recompensa esa simplificación, porque se dice en una frase y se recuerda.

Tiene también una función social. Atribuir al adversario una mala intención dispensa de considerar en serio sus argumentos y estrecha al grupo que comparte la acusación. El coste no aparece sino más tarde, cuando las decisiones tomadas sobre ese malentendido fracasan por razones que nadie había querido examinar.

Existe por último una razón más honorable. Algunos desacuerdos versan realmente sobre los fines, y confundirlos con desacuerdos de medios sería una ingenuidad simétrica. El trabajo consiste, por tanto, en comprobar, no en suponer por principio la buena ni la mala fe.

Un cuestionario que interroga los objetivos generales obtiene respuestas masivamente consensuales y, por tanto, poco informativas. Un cuestionario que interroga arbitrajes concretos separa a las personas, porque las obliga a elegir entre dos cosas que les importan.

Por eso un perfil construido sobre varias dimensiones hace aparecer combinaciones que a menudo sorprenden a la propia persona: una intención compartida con un grupo, un instrumento compartido con otro, una concepción de la autoridad que no coincide ni con uno ni con otro.

Leído así, un resultado deja de ser una etiqueta. Se convierte en un mapa de los lugares donde uno decide, de los lugares donde duda y de los lugares donde sencillamente nunca había tenido que elegir.